miércoles, 22 de mayo de 2013

La impunidad de la SCJ

Muerte de trabajadora y falla generaron reclamos gremiales 

Jueces y funcionarios en alerta por situación edilicia del Poder Judicial 

 La muerte de una funcionaria al caer en la fosa de un ascensor y una extraña falla en un elevador de Paysandú, encendieron la alerta en los gremios judiciales. 

El sindicato de judiciales dio 45 días para regularizar la situación.


 "En todo el país, entre sedes propias y alquiladas, la Suprema Corte de Justicia tiene unos 400 juzgados" informa el artículo de "El País". Es decir y lo repetimos "la Suprema Corte de Justicia tiene...". Lo qué significa que la Suprema Corte de Justicia es LA RESPONSABLE de lo que sucede en esos locales. Entre otras cosas es RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD LABORAL, de la vida de sus propios funcionarios. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia DEBE DE SER INVESTIGADA SOBRE LO QUE HA HECHO O NO HECHO AL RESPECTO DE LA SEGURIDAD LABORAL EN SUS LOCALES. Tanto dictar juicios, fallos y resoluciones, tanto cobijar a los criminales de lesa humanidad y en sus propios locales TAMBIEN SE ATENTA CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS, y en el caso de la funcionaria Macchi contra su vida ya que falleció cuando cayó al vacío en un ascensor. Parece ser que la Suprema Corte como responsable de su propio personal cuenta con impunidad ya que -como siempre- es la máxima jerarquía la qué debe de rendir cuentas sobre que disposiciones ha tomado para evitar accibentes, por ejemplo, y más aún si son mortales. Echan a la Jueza Mota después que Muica se lo reclama públicamente y lo pretender contrabandear como que se ocupan de la organización del personal. Pero sobre la seguridad nada. Ya deberían haber daod un paso al frente y haber asumido que la falta fundamental está en ellos mismos que no tienen control ni siquiera sobre la mínima seguridad. Esta Corte cobijadora de la impunidad no puede tener ella misma impunidad. Qué se vaya la corte que está haciendo tanto mal a tantos uruguayos.



Defensoría de Familia

18 fallas en el ascensor en que murió funcionaria

La directora de la Defensoría de Oficio de Familia donde el 26 de abril murió una funcionaria al caer en el foso del ascensor, denunció fallas en el elevador en 18 ocasiones. Incluso, la propia jerarca estuvo a punto de sufrir un accidente el año pasado.

En todo el país, entre sedes propias y alquiladas, la Suprema Corte de Justicia tiene unos 400 juzgados. Foto: Archivo El País
El País uy
La Defensoría de Oficio de Familia, ubicada en la calle Uruguay 941, funciona en ese edificio (alquilado por el Poder Judicial y donde antes funcionaba un salón de fiestas) desde el 3 de diciembre de 2010.
En la dependencia trabajan 76 funcionarios (de los cuales 27 son defensores) y al lugar concurren por lo menos 250 personas por día, que asisten a cumplir con determinados trámites o citados a audiencia.
El pasado 26 de abril, la funcionaria Zulma Macchi, de 64 años y 33 de trabajo en el Poder Judicial, falleció al caer en la fosa del ascensor. La mujer abrió la puerta e ingreso, pero la cabina no estaba en su lugar y Macchi cayó al vacío, por lo que murió en el lugar.
El episodio dio motivo a que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) abriera una investigación administrativa, la que todavía están en curso.
La muerte de la funcionaria generó la inmediata reacción de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), que realizó un paro nacional de 24 horas y le otorgó a la SCJ un plazo de 45 días para regularizar los permisos de todos los juzgados del país.
El secretario general de la AFJU, Raúl Vázquez, dijo a El País que la directora de la Defensoría de Oficio de Familia, Beatriz Aristimuño, cursó "18 oficios" a la Dirección General de la SCJ y a la División Arquitectura del Poder Judicial planteando fallas en el ascensor vinculadas siempre con la apertura de la puerta.
En todos los casos, desde la División Arquitectura y la empresa encargada del mantenimiento del ascensor se dio una respuesta, pero la falla volvía a repetirse a los pocos días.
Incluso, según dijo el dirigente gremial, la propia Aristimuño casi sufre un accidente el año pasado cuando el retirarse de su oficina abrió la puerta del ascensor pero la cabina no estaba en su lugar.
Otros cuatro funcionarios de la Defensoría de Oficio también tuvieron inconvenientes con el funcionamiento del ascensor que en verdad es un montacargas, ya que no tiene dos puertas sino que cuenta solamente con una, dijo Vázquez.
Actualmente, el ascensor de la Defensoría de Oficio no está operativo, por lo que tanto el personal de la oficina como el público tiene que moverse por los tres pisos del edificio a través de la escalera.
El episodio que terminó con la vida de Macchi está siendo investigado por el juez penal Alejandro Guido, quien estaba de turno al momento de ocurrido el hecho.
El magistrado tomó declaraciones el martes a Aristimuño, al intendente del edificio y a los responsables de la empresa contratada para el mantenimiento del ascensor.
Las pericias técnicas realizadas por la Dirección de Bomberos y Policía Técnica serán las piezas claves para determinar las posibles responsabilidades.
Gremios. Ayer, en la sede de la AFJU, se realizó una reunión entre el gremio de los funcionarios administrativos del Poder Judicial, la Asociación de Magistrados y la Asociación de Actuarios Judiciales.
Vázquez informó que en el encuentro se acordó la realización de una nueva reunión la próxima semana para evaluar los pasos comunes a seguir.
La AFJU otorgó a la SCJ un plazo de 45 días para regularizar los permisos de todos los juzgados; la Asociación de Magistrados encomendó a sus afiliados reportar en 30 días las situaciones que puedan representar posibles riesgos en las sedes y la Asociación de Actuarios realizó un pedido similar a sus asociados, aunque no estableció un plazo.

Episodio en juzgado sanducero

El 30 de abril, cuatro días después del fallecimiento de la funcionaria en la Defensoría de Oficio de Violencia Doméstica de Montevideo, se detectó otro episodio irregular en el Centro de Justicia de Paysandú y que también implica al ascensor de esa sede judicial.
En ese caso, al ascensor se "habría introducido un objeto punzante por las paredes del tejido ocasionando la rotura del patín retráctil" pieza que "cumple la función de abrir las puertas de piso cuando llega el ascensor y de cerrarlas cuando sale", según informó la SCJ en un comunicado.
El episodio en la sede judicial de Paysandú, que causó malestar y sorpresa entre los ministros de la SCJ, motivó el inicio de otra investigación administrativa y también la notificación del episodio a uno de los jueces penales de ese departamento, según lo que indicó el máximo órgano del Poder Judicial.


Pablo Meléndrez
La compleja situación edilicia de varios juzgados del país no es novedad para jueces, funcionarios, abogados y otros operadores del sistema. Pero dos recientes incidentes vinculados con los ascensores de dos juzgados generaron la reacción de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU).
El 26 de abril, la funcionaria judicial Zulma Macchi, de 64 años y 33 de servicio, murió al caer en la fosa del ascensor de la Defensoría de Oficio de Familia de Montevideo, ubicada en la calle Uruguay 941. La puerta abrió cuando la cabina del ascensor no estaba en su lugar y por eso Macchi falleció al caer al vacío.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) abrió una investigación administrativa para determinar los detalles de lo ocurrido y la AFJU realizó un paro nacional de 24 horas el 29 de abril en protesta por el siniestro.
El día siguiente se detectó una extraña falla en el ascensor del Centro de Justicia del departamento de Paysandú, al que se le "habría introducido un objeto punzante por las paredes del tejido ocasionando la rotura del patín retráctil" pieza que "cumple la función de abrir las puertas de piso cuando llega el ascensor y de cerrarlas cuando sale", según informó la SCJ en un comunicado.
Este caso, que causó malestar y sorpresa entre los ministros del máximo órgano del Poder Judicial, generó la apertura de otra investigación administrativa a la vez que se puso el episodio en conocimiento de uno de los jueces penales de Paysandú.
El secretario general de la AFJU, Raúl Vázquez, dijo que ambos incidentes, pero en especial el fallecimiento de la trabajadora de la Defensoría de Oficio de Familia de Montevideo, "activaron la alarma".
"No podemos permitir que vuelva a pasar una situación como esta tanto por la protección de los trabajadores como de los usuarios, porque fue un accidente que le pudo pasar a cualquier persona", aseguró Vázquez a El País.
Por eso, la gremial le dio 45 días de plazo a la SCJ para que informe sobre las habilitaciones municipales y de la Dirección Nacional de Bomberos de todos los juzgados del país.
En el mismo sentido, la AMU encomendó a todos sus afiliados que un plazo de 30 días informen "si existen desperfectos edilicios y/o de funcionamiento que puedan significar un riesgo para los funcionarios y/o público".
El vicepresidente de la AMU, Eduardo Borges, dijo a El País que el tema edilicio no era un aspecto del que se estuviera ocupando la gremial de los jueces, pero debido a los últimos episodios se entendió conveniente pedirle a los magistrados que "comuniquen si ven algo que pueda ser peligroso".
"Están bien". Por su parte, el director de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Elbio Méndez Areco, explicó a El País que la División Arquitectura de la SCJ realiza un "relevamiento habitual" de todas las sedes judiciales y opinó que "en términos generales los edificios están bien".
El Poder Judicial tiene en todo el país unas 400 sedes, entre locales propios y alquilados. Méndez Areco dijo que "los mandos medios" de los juzgados son los responsables de poner en conocimiento roturas o fallas y, en el caso de los ascensores, deben pedir una solución a la empresa encargada del mantenimiento.
Agregó que el Poder Judicial tiene la particularidad de tener 400 sedes repartidas en todo el país, por lo que se requiere "un andamiaje muy aceitado".
Méndez Areco dijo que de todos los juzgados "solo dos o tres" cuentan con habilitación de la Dirección de Bomberos y el resto la tiene en trámite. Y aunque reconoció que no es lo ideal, dijo que esa situación ocurre en la mayoría de los organismos estatales.

Audiencia el martes

El juez penal Alejandro Guido, que investiga la muerte de la funcionaria judicial Zulma Macchi, que perdió la vida el 26 de abril al caer al foso del ascensor de la Defensoría de Oficio de Familia, interrogará a varias personas el martes próximo. El juez ya recibió las pericias realizadas sobre el caso por la Dirección de Bomberos, la Intendencia de Montevideo y Policía Técnica.

El sindicato desestimó la posibilidad de un sabotaje

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), dio cuenta del accidente donde perdió la vida una trabajadora y del episodio constatado en un ascensor del Centro de Justicia del departamento de Paysandú al Ministerio de Trabajo.
El secretario general de la AFJU, Raúl Vázquez, dijo a El País que la gremial pedirá en los próximos días una entrevista al inspector general del Trabajo, Juan Andrés Roballo, para que el jerarca les informe "hasta dónde está dispuesta a llegar" la secretaría de Estado en relación a este tema.
En los últimos días, la gremial emitió una declaración en la que rechazó la posibilidad de que los incidentes hayan sido producto de un sabotaje, en especial en el caso del ascensor del Centro de Justicia de Paysandú, como se dejó entrever desde la Suprema Corte de Justicia. La AFJU expresó su rechazo "enfático a las manifestaciones de sabotaje en ambos casos o las tendenciosas declaraciones de que, casualmente, en la ciudad de Paysandú, cuando se sucedió el desperfecto del ascensor se estaba realizando una asamblea de trabajadores".
Según la AFJU, esas "ligeras apreciaciones de prensa solo contribuyen a minimizar las responsabilidades del Poder Judicial en la protección no solo de sus trabajadores sino de los usuarios que diariamente concurren a las sedes judiciales de todo el país".
En el mismo sentido, la gremial recordó que desde hace varios años viene denunciando "la patética situación edilicia de todas las oficinas del Poder Judicial en todo el país".
Y en relación al caso específico del Centro de Justicia de Paysandú, la AFJU señaló que la situación del edificio fue relevada en 2011 en base a un informe de la Dirección Nacional de Bomberos pero aun así "todavía no se le ha dado solución" a los problemas.




0 comentarios:

Publicar un comentario

No ponga reclame, será borrado