jueves, 10 de enero de 2013

Campos sindicalizados

 En Pueblo del Barro, un grupo de asalariados rurales, o trabajadores rurales, o peones rurales, se reunió y , como resultado final de la asamblea, se labró un acta , dirigida al Ministerio del Trabajo , al PIT-CNT y al MGAP-Udelar, donde los propios trabajadores, con la firma de 12 asalariados rurales de distintas zonas del departamento, comunican que han decidido crear organización y comenzar a transitar el largo camino de la dignificación del trabajador rural.


Inspeccionaron estancia denunciada por trabajadores rurales

Desde el sindicato se indicó que dos peones no contaban con agua potable y que la puerta del establecimiento estaba cerrada con candado. Intimaron al propietario


09.01.2013

La Inspección Nacional de Trabajo realizó controles en una estancia ubicada en Sarandí Grande, Florida, donde dos peones rurales no estaban registrados, no contaban con agua potable y la puerta del establecimiento estaba cerrada con candado, informó la diaria.
La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) hizo la denuncia de esas condiciones laborales ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
María Flores, dirigente de Unatra, dijo este martes a la diaria que el capataz dejó a los trabajadores dentro del establecimiento y “cerró la portera con candado” para que “no entre ni salga nadie”.
Agregó que se trata de una estancia ganadera y los dos asalariados están a cargo de unos 3.000 animales. También indicó que como no hay agua potable, “están tomando agua de una cachimba” que deben hervir antes de consumir.
Tras la denuncia, que fue presentada el lunes, este martes la Inspección Nacional de Trabajo concurrió al establecimiento y comprobó las denuncias, por lo que se intimó al propietario a cumplir la normativa laboral vigente.
Otra denuncia
La Unatra también denunció el caso de otro trabajador rural en la zona de Goñi, Florida, que tras “ser notificado de su despido”, fue obligado por la Policía a devolver la llave y desalojar la vivienda que le habían otorgado en el lugar.
Flores señaló a la diaria que el hecho es una “violación” al nuevo Estatuto, ya que éste establece que en caso de despido, la acción de desalojo debe seguir el proceso judicial y los plazos correspondientes al “ocupante precario”.


 María Flores


la diariaPolítica 8.1.13
No potable 
 UNATRA denuncia violaciones al Estatuto del Trabajador Rural y actuación “lamentable” de la Policía durante un desalojo. 

 La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) denunció ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la situación de dos asalariados rurales que se encuentran “encerrados” en la estancia Las Merceditas, ubicada sobre la ruta 45, cerca de Sarandí Grande, en el departamento de Florida.

La dirigente de UNATRA María Flores explicó a la diaria que el capataz dejó a los trabajadores dentro del establecimiento y “cerró la portera con candado” para que “no entre ni salga nadie”. Se trata de una estancia ganadera y los dos asalariados están a cargo de unos 3.000 animales entre vacunos y ovinos. Flores agregó que como no hay agua potable, “están tomando agua de una cachimba” que deben hervir antes de consumir. Uno de los trabajadores, que tiene problemas de salud, “se enfermó” y por esta razón durante su último descanso mensual llegó hasta la localidad de Puntas de Maciel y decidió denunciar allí la situación ante el sindicato. Flores agregó que los asalariados “no están registrados” y que pidieron “una visita” de la Inspección General de Trabajo al establecimiento para constatar las irregularidades. Sin embargo, explicó que muchas veces los inspectores llegan a los estabecimientos y “como no pueden entrar porque las porteras están cerradas con cadenas y candados”, la inspección del MTSS no se concreta.

El trabajador que hizo la denuncia dijo ayer en diálogo con la diaria que cuando dejó de tomar agua del pozo del lugar empezó a sentirse mejor, aunque siguen sin beber agua potable, ya que ahora utilizan la de un pozo que “está un poco más lejos”. Si bien la falta de agua es el problema más importante porque “esta en juego la salud”, el asalariado confirmó que desde hace seis meses están “trabajando en negro”, sin horario, ya que “a veces son las diez de la noche y todavía estoy haciendo alguna cosa”. Agregó que gana 300 pesos por día, un salario que considera “muy bajo” para todas las tareas que realiza. En diciembre, recibió 2.150 pesos “como aguinaldo” y hasta ahora no ha tenido “licencia de ningún tipo”.

Respecto de la falta de agua potable, Flores expresó que se trata de “graves incumplimientos” del nuevo Estatuto del Trabajador Rural, que entró en vigencia con el decreto del Poder Ejecutivo de junio de 2012. Entre otras cosas, dice que en todo establecimiento rural deberá existir “agua potable en cantidad suficiente” y que deben “observarse las normas de higiene convenientes en la producción, conservación y distribución del agua, a cuyos efectos el empleador suministrará los elementos adecuados”, explicó Flores.

Ocupantes precarios

No muy lejos de ese lugar, en un establecimiento cercano a la localidad de Estación Goñi, también en Florida, un trabajador rural fue obligado por la Policía a devolver la llave y desalojar la vivienda que le habían otorgado en el lugar, tras “ser notificado de su despido”. Flores dijo que este hecho configura una “violación” al nuevo Estatuto, ya que éste establece que en caso de despido, la acción de desalojo debe seguir el proceso judicial y los plazos correspondientes al “ocupante precario”. Sin embargo, en este caso, el trabajador fue desalojado del establecimiento “antes de que se cumplieran 30 días” desde que fue despedido, nunca se le entregó orden judicial por escrito y la participación de la Policía de la Seccional 13ª de Goñi fue “lamentable”, según evaluó Flores.

El asalariado dejó de concurrir al establecimiento el 3 de diciembre, y el 19 le alcanzaron una citación policial para “entregar la llave de la casa del establecimiento y sacar todo lo lo que tenía”, explicó el trabajador a la diaria. Tras concurrir a la seccional policial, los uniformados le dijeron que “si no hacía lo que decían iba a quedar detenido en ese momento”. Le indicaron que habían recibido “una orden verbal del juez”. El trabajador entregó las llaves a la Policía y al otro día, tras conseguir un medio de transporte para llevarse sus pertenencias, fue hasta el establecimiento, donde lo esperaban un móvil policial y varios uniformados.

Las llaves se las habían entregado al dueño de la estancia, que se hizo presente para abrir la puerta de la vivienda. El trabajador comenzó a retirar las cosas mientras los policías “hacían un inventario de lo que iba sacando de la vivienda y revisaban todo”, explicó. Luego del incidente, el trabajador se presentó a hacer la denuncia ante la UNATRA. Aún no ha cobrado la liquidación ni el salario del último mes trabajado. Según Flores, el asalariado “tuvo que pagar un transporte para trasladar sus pertenencias aunque no tenía plata”, aunque en el Estatuto dice que si se carece de recursos el empleador debe “facilitar los medios para el traslado de la persona y de sus cosas”.

En cuanto al despido, el trabajador explicó que a fines de noviembre le entregó a su empleador una hoja con el cálculo de lo que debía cobrar según le habían informado en la UNATRA, y éste le respondió: “Con el sindicato no quiero tener nada que ver, si no le gusta lo que gana tiene las puertas abiertas para irse”. Esta situación “se repite permanentemente” en diversos establecimientos de Florida y además “ahora están circulando listas negras” con los nombres de los que se vinculan al sindicato, denunció finalmente Flores.

Luis Rómboli
Política 9.1.13

Rurales

Autoridades comprobaron denuncia de la UNATRA en Florida.
La Inspección General del Trabajo visitó ayer la estancia Las Merceditas, cerca de Sarandí Grande, en el departamento de Florida, donde según una denuncia de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) había dos trabajadores que no estaban registrados y carecían de agua potable, mientras la puerta del establecimiento permanecía cerrada con candado (ver http://ladiaria.com.uy/ABxS ). La UNATRA presentó la denuncia el lunes en la tarde ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El inspector general de Trabajo, Juan Andrés Roballo, dijo a la diaria que los funcionarios del Ministerio de Trabajo que concurrieron al establecimiento comprobaron las denuncias del sindicato y se intimó al propietario a cumplir con la normativa laboral vigente.
Por otra parte, la UNATRA también denunció el desalojo de un trabajador rural por parte de policías de la Seccional 13 de Goñi, también en Florida, que entienden viola el Estatuto del Trabajador Rural. Según María Flores, de UNATRA, por esta denuncia se relizará una audiencia en la Dirección Nacional de Trabajo mañana a las 10.00 con la presencia del titular de ese organismo, Luis Romero, y del ministro interino del Interior Jorge Vázquez.






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