El intento de remilitarizar el continente

El ministro de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, durante su participación en la Conferencia de Ministros de las Américas, en Uruguay. Foto: AP

Con visita de Panetta, Uruguay se compromete en “actualizar” cooperación militar con EEUU

La "nueva"estrategia americana

"Estados Unidos es parte de la gran familia de América y enfrentamos desafíos comunes como el terrorismo, el tráfico de drogas, la ayuda humanitaria en los desastres, el proteger derechos marítimos y todo eso demanda estar juntos para poder atender esos desafíos"

Centroamérica se remilitariza para la “guerra contra la droga” impuesta por Washington 


Los verdaderos objetivos serían un reposicionamiento político-militar, la explotación de los recursos naturales y la represión social

 Por Giorgio Trucchi - Opera Mundi 

El 7 de agosto de 1987, la firma del “Acuerdo de Esquipulas II” por parte de los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica marcó el inicio de un proceso que llevó al fin de los conflictos armados internos. Las guerras civiles centroamericanas acontecieron en el marco de la Guerra Fría y dejaron un saldo de centenares de miles de víctimas en la región.

Firma del Acuerdo de Esquipulas

Ese histórico evento no sólo mostró, por primera vez, un distanciamiento de los gobiernos centroamericanos de las políticas guerreristas de las dos superpotencias de entonces - Estados Unidos y Unión Soviética -, sino que despejó el camino para la pacificación y la desmilitarización de Centroamérica, por medio de una reducción drástica de las fuerzas militares y de armamento.  (Primera entrega)

Veinticinco años después, esa misma región está siendo sacudida por una ola de violencia sin precedentes. El avance del crimen organizado relacionado con el narcotráfico, asociado con los altos índices de pobreza que afectan a la gran mayoría de la población, han convertido los países centroamericanos en corredores de trasiego de drogas hacia Estados Unidos. 

En muchos casos, las instituciones han sido permeadas por los cárteles de la droga y las bandas criminales, mermando de manera significativa la ya débil institucionalidad democrática que, con dificultad, se había venido construyendo en la posguerra.

Una situación muy complicada sobre todo para los países del Triángulo Norte - Guatemala, El Salvador y Honduras - que han alcanzado índices de violencia y criminalidad entre los más altos a nivel mundial y una tasa de homicidios que supera la de varios países en guerra.

Según William Brownfield, secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, hoy en día la amenaza más grande para Estados Unidos se ha mudado a Centroamérica,”donde los traficantes y las pandillas criminales facilitan el flujo de hasta el 95% de toda la cocaína que llega” a territorio norteamericano”. El departamento de Estados Unidos asegura que más del 70% por ciento de esta cantidad transita por Honduras.

Ante este escenario preocupante y con el objetivo declarado de combatir los daños causados por la narcoactividad, Estados Unidos ha vuelto nuevamente su mirada hacia Centroamérica. Por un lado ha fomentado e impulsado su presencia militar, el trabajo de inteligencia, la capacitación de las fuerzas de seguridad nacionales, por el otro ha implementado las técnicas y tecnología militar de punta aplicadas a nuevas tácticas de guerra.

Militares en las comunidades de Bajo Aguán, en Honduras, recientemente escenario de matanzas de campesinos, periodistas y violación de Derechos Humanos

Los principales instrumentos de esta nueva estrategia “guerrerista” han sido la Asociación de Seguridad Ciudadana de América Central, lanzada por el presidente Barack Obama en 2011 durante su visita a El Salvador, y la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central), la versión centroamericana de la Iniciativa Mérida y del Plan Colombia.

De hecho, se trata de la principal estructura de aplicación y financiación de Estados Unidos en la región, con la que pretende coordinar los países centroamericanos con instituciones financieras internacionales, el sector privado, la sociedad civil y el SICA (Sistema de Integración Centroamericana), “para formar, profesionalizar y dotar a las fuerzas de seguridad de los Estados”, así como apoyar en el combate directo a la narcoactividad, subraya Brownfield.

Julissa Reynoso actual embajadora de EEUU en Uruguay

La subsecretaria de Estado Adjunta de EE.UU. para Centroamérica y el Caribe, Julissa Reynoso, inició hoy una visita de tres días a Honduras para expresar “el apoyo” de su Gobierno a la Administración de Porfirio Lobo, informaron fuentes oficiales. (leer mas)

Remilitarización

Durante su visita a Honduras en marzo del año en curso, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, acompañado por el director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Dan Restrepo, dijo que, pese a la crisis económica, su país iba a mantener los compromisos asumidos con la región.

Según datos del Departamento de Estado, entre 2008 y 2012, la ayuda financiera anual que Washington ha destinado a la región centroamericana para la lucha contra el narcotráfico ha aumentado del 75%, alcanzando un total de 496 millones de dólares. Para el 2013, la administración Obama ha solicitado al Congreso la aprobación de una nueva partida de 107 millones.

Un informe del SIPRI (Instituto Internacional de Investigación de la Paz) evidencia que, en 2011, Centroamérica y el Caribe totalizaron un gasto militar conjunto de 7 mil millones de dólares, un 2.7% más que el año anterior. El tercer país con mayor incremento fue Guatemala con un 7.1%. A la cabeza de los países que más invierten en el sector bélico en el mundo continúan los Estados Unidos, con 711 billones en 2011.  

Guatemala, con el apoyo económico y técnico de Estados Unidos, creará una fuerza militar para combatir el narcotráfico en el Océano Pacífico y en la región de San Marcos, fronteriza con México. Lo mismo está haciendo Honduras con la creación de la nueva fuerza de seguridad Tigres (Tropas de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad). Mientras tanto, los gobiernos del Triángulo Norte, en coordinación con el gobierno norteamericano y la participación de otros países de América Latina y Europa, lanzaron la “Operación Martillo”, un esfuerzo multinacional que forma parte de la nueva estrategia de seguridad regional del gobierno norteamericano y de la CARSI, para combatir el crimen organizado trasnacional.

 
  "Operación Martillo" presuntamente para combatir el narco-tráfico en Guatemala

El Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (International Institute for Strategic Studies) registró que, entre los años 2009 y 2010, hubo un incremento de casi dos mil efectivos en las fuerzas militares de Guatemala y El Salvador, y lo mismo espera hacer Honduras en los próximos años. Dicho incremento fue menor en el resto de países de la región.

De la misma manera, el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe (2010), elaborado por la RESDAL (Red de Seguridad y Defensa de América Latina), evidencia que, del 2006 al 2010, El Salvador experimentó un incremento de casi un 20% en su presupuesto de defensa, Guatemala lo hizo en casi el 16%, Nicaragua en un 9%, mientras que el aumento en Honduras fue del 64%.

En el caso particular de Honduras, durante el 2011, el Péntagono incrementó su gasto militar en el país de un 71% con respecto al año anterior. Pese a la grave crisis económica, político-institucional y social que embistió a Honduras desde el golpe de Estado del 2009 y a las repetidas denuncias de corrupción, violación a los derechos humanos y colusión con el crímen organizado dirigidas a la Polícia Nacional, Estados Unidos aportó 53.8 millones de dólares y tiene previsto continuar con sus programas.

Aunque sin contar con ejército - pero sí con fuerzas de seguridad fuertemente militarizadas - Panamá y Costa Rica no se quedaron atrás en esta carrera armamentista. Según Roberto Cajina, miembro de la Junta Directiva de RESDAL, ese proceso de remilitarización se expresa de diferentes formas, como por ejemplo, con la adquisición de nuevo armamento aéreo, naval y de tierra, pero también a través de la masiva presencia de efectivos militares y medios navales, terrestres y aéreos estadounidenses, a solicitud de las instituciones del Estado, como es el caso de Costa Rica.

 La militarización de Costa Rica: el narco tráfico como excusa

En 2010, el Congreso de Costa Rica autorizó la llegada de 46 buques de guerra y de siete mil tropas estadounidenses a las costas costarricenses para realizar operaciones militares, misiones antinarcóticos y supuestas acciones humanitarias en la región. En julio del año en curso, los diputados autorizaron el ingreso, atraque, desembarque y permanencia en aguas territoriales del buque de guerra USS Elrod.

Nicaragua mantuvo un bajo perfil y una escasa información acerca de la gestión y uso de su presupuesto anual, así como de la inversión militar ejecutado. Sin embargo, gracias al apoyo del gobierno sandinista y de sus diputados, logró importantes modificaciones a su base jurídica mediante la aprobación de leyes que le otorgan importantes cuotas de poder y nuevos y mayores espacios de autonomía.

 
  46 buques de guerra llegaron a Costa Rica (casulamente el día del terremoto) ver El Muerto

Militarización de la seguridad pública

Otro elemento destacado por Cajina es la acrecentada participación de los ejércitos en la susodicha ‘guerra contra las drogas’, la cual “está conduciendo a la militarización de las policías y la ‘policialización’ de los ejércitos”. En efecto, en los países del Triángulo Norte se ha legislado para que los militares cumplan tareas de órden público.  “Poco a poco va desapareciendo la delgada línea roja que separa Defensa Nacional y Seguridad Púbica, una amenaza emergente real a los endebles procesos de construcción de institucionalidad democrática en Centroamérica”, dijo Cajina.

 
  Militarización de la policía y policialización de los militares en Honduras

A ese propósito, el VI Informe Centroamericano sobre Derechos Humanos y Conflictividad Social, elaborado por varias instancias de derechos humanos en la región, señala que la militarización a que ha sido sometida la seguridad pública en Centroamérica estaría desnaturalizando a las instituciones policiales.

“El hecho mismo de desplazar nuevamente al ejército en las ciudades centroamericanas no sólo no se ha traducido en la reducción de los índices de violencia y criminalidad, sino que los ha incrementado, sirviendo de herramienta para frenar rebeliones de índole social contra sistemas opresores que les lanzan a la marginalidad social y la pobreza", señala el informe final.

Y si eso fuera poco, hay que recordar que, en Centroamérica, existe un verdadero ejército de agentes de seguridad privada. Se calcula que serían casi 70 mil los guardias fuertemente armados que trabajan en 717 empresas de la región, formando parte de la nueva militarización regional que, además, tiene matices muy particulares.

“En la nueva organización militar centroamericana post años 90, la mayoría de los ejércitos han dirigido sus pasos a la administración de empresas productivas o de servicios. Son los nuevos empresarios, los nuevos inversionistas, en donde se conjuga el poder militar y el poder económico del nuevo liberalismo de los tiempos modernos”, asegura la periodista Dea María Hidalgo.

EE.UU. envía tropas

La otra cara del proceso de remilitarización en Centroamérica es el reposicionamiento militar de Estados Unidos. Los norteamericanos han vuelto a pisar suelo centroamericano con sus botas militares, esta vez, con nuevas técnicas y tecnologías.

Después de haber reactivado la Cuarta Flota en 2008, instalado nuevas bases militares (Isla Guanaja y Caratasca) y tres bases de Operaciones de Avanzada (Puerto Castilla, El Aguacate y Mocorón) en Honduras y reforzado las bases ya existentes, Estados Unidos ha profundizado el trabajo de capacitación y entrenamiento militar de la tropas nacionales, ha intensificado las maniobras militares en torno al Canal de Panamá, ha promovido el uso de contratistas para las tareas de respuesta rápida y ha desplegado fuertes contingentes de agentes especiales de la DEA (Drug Enforcement Administration). 

Todd Robinson, subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, declaró recientemente en una entrevista con BBC Mundo que no existe una guerra contra la droga, sino “una decisión política para ayudar a que estos gobiernos protejan a sus ciudadanos y nosotros protejamos a los nuestros”.

Sin embargo, resulta cada día más evidente que la administración del presidente Obama está impulsando y desarrollando su fórmula para un nuevo modo de guerra estadounidense. Según el portal web TomDispatch, en esta segunda década del nuevo siglo hay que olvidarse de las invasiones a gran escala como en el pasado reciente, sino que hay que pensar en “fuerzas de operaciones especiales que actúan independientemente, pero que también entrenan o combaten junto a militares aliados en puntos álgidos de todo el mundo”. 

 

Además de eso, hay que esperar una inversión cada vez más profunda hacia “la militarización del espionaje y la inteligencia, el uso de drones (aviones no tripulados), así como el lanzamiento de ataques cibernéticos y operaciones conjuntas del Pentágono con organismos gubernamentales ‘civiles’ cada vez más militarizados”, explica el portal.

Se trataría de “operaciones militares confusas”, es decir una especie de versión organizativa de la guerra en la cual “un Pentágono dominante fusiona sus fuerzas con otras agencias gubernamentales, como la CIA (Agencia de Inteligencia Central), el Departamento de Estado y la DEA, y fuerzas testaferras extranjeras, en complejas misiones combinadas”.

Es una estrategia que ha impactado fuertemente en las poblaciones y ha levantado fuertes críticas de parte de amplios sectores de las sociedades centroamericanas. Según ellos, no solamente la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y no ha resuelto los graves problemas relacionados con este fenómeno, sino que detrás de este proceso de remilitarización de la región estarían ocultos los verdaderos objetivos de los Estados Unidos y de sus aliados centroamericanos: su reposicionamiento político-militar en la región, el control y la explotación de los principales recursos naturales y la criminalización de la protesta social, con un muy probable aumento de la violencia y la represión.

 “La guerra contra las drogas es un fracaso”, dice directora del Programa de las Américas

 Para Laura Carlsen es preciso construir otro modelo con el apoyo y la participación de la ciudadanía
 El modelo de lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado impulsado por Estados Unidos en Centroamérica no sólo ha fracasado ruidosamente, sino que ha conllevado una profundización de la violencia contra las poblaciones locales y la remilitarización del territorio, poniendo al descubierto intereses ocultos que apuntan a monitorear e intervenir en los procesos emancipativos y unitarios de los países de la región.

Partiendo de este análisis, la politóloga y directora del Programa de las Américas del CPI (Centro para la Política Internacional) Laura Carlsen, aseguró en conversación con Opera Mundi que la única manera de combatir y derrotar la narcoactividad es impulsando un modelo que se construya desde abajo, con la participación ciudadana y la recomposición del tejido social, quebrantado por las políticas neoliberales de las últimas dos décadas

Opera Mundi: ¿Cuáles son las características del modelo de combate al narcotráfico impulsado por EUA en México y ahora exportado hacia Centroamérica?

Laura Carlsen: Es un modelo basado en la militarización del territorio y el enfrentamiento directo para la interdicción y confiscación de drogas ilegales, así como para la detención o eliminación de los miembros de los cárteles de la droga. Eso, por definición, implica enfrentar la violencia con más violencia y el resultado es el aumento exponencial de los muertos. Hasta la fecha, se calcúla que el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en México haya dejado un saldo de más de 60 mil muertos.

OM: ¿Cuál es el balance de este modelo?

LC: Ha sido un fracaso total. Ha generado altísimos índices de violencia, no ha detenido el flujo de drogas ilícitas que entran a EUA y hasta la detención de los capos (jefes) de la droga no ha servido a frenar el ‘negocio’. Antes bien, su captura ha desatado una guerra entre los cárteles para asumir el control del territorio, generando más violencia y muerte.

OM: ¿Ha habido algún cambio bajo la administración del presidente Barack Obama?

LC: La Iniciativa Mérida inició en octubre de 2007 como un plan de tres años. Lo que hizo Obama fue expandirlo, intensificarlo y extenderlo de forma indefinida. Por primera vez, Estados Unidos se ha involucrado directamente en la gestión de aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional de México. Es un cambio estructural muy preocupante que ahora está siendo proyectado para Centroamérica por medio de la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central). Uno de los primeros efectos que estamos viendo es la remilitarización de estos países y una dinámica de creciente violencia contra la población y de violación de los derechos humanos.

OM: ¿Qué interés tendría EUA en reproducir un modelo que ha fracasado?

LC: El país no está dispuesto ni siquiera a analizar el porqué de este fracaso y está recibiendo fuertes críticas, hasta de los gobiernos de la región. Para nosotros, esta actitud revela que, detrás de la militarización, hay intereses muy poderosos.

OM: ¿De qué intereses estamos hablando?

LC: En primer lugar garantizar las enormes ganancias de la ‘industria de la guerra’, que está radicada mayoritariamente en los Estados Unidos. Son miles de millones de dolares que entran al país a través de la venta de armas y equipos militares, el empleo de empresas de seguridad privada, como Blackwater, y la implementación de sistemas electrónicos y de espionaje sobre la población.

En segundo lugar hay un interés geopolítico. EUA quiere tener más control sobre las estrategias de seguridad internas de los países centroamericanos, sobre todo ahora que varios gobiernos progresistas o de izquierda se han instalado en América Latina, gobiernos que ya no comparten las políticas neoliberales e impulsan procesos innovativos. En este sentido, EUA busca fortalecer su presencia militar para enfrentar lo que ve como una amenaza contra su hegemonía tradicional en la region.

OM: También hay un gran interés para los recursos naturales de estos países...

LC: Es otro de los puntos directamentes vinculados con la militarización y que tiene su precedente en Colombia donde, con el pretexto del combate al narcotráfico, se han desplazado a más de cinco millones de personas. Y lo más absurdo es que ahora el Departamento de Estado norteamericano está presentando a Colombia como un ejemplo de seguridad y un modelo que se debe exportar en todo el continente latinoamericano. En México, por ejemplo, a través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos militarizó el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) para salvaguardar sus intereses comerciales y proteger la inversión estadounidense en recursos naturales. En fin, de eso se trata: una militarización que no sólo protege la inversión extranjera, sino que fomenta un proceso de desplazamiento y despoblación de regiones en donde hay riquezas naturales.

OM: En varios países de Centroamerica, la protesta social contra la explotación de los recursos naturales está siendo criminalizada. ¿Usted comparte esta preocupación?

LC: No hay dudas de que la protesta social está siendo reprimida, sobre todo en los países del Triángulo Norte. Hay una criminalización acompañada por la represión de aquellas organizaciones que luchan contra la minería, los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, la expansión de los monocultivos a gran escala. Debemos profundizar el análisis y la investigación para tener elementos suficientes que nos ayuden a prever hacia donde esta represión apunta.

OM: ¿Qué papel están jugando la DEA (Drug Enforcement Administration) y el flujo de dinero que financia la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica?

LC: Hemos tratado de investigar el movimiento de dinero que fluye hacia la lucha contra el narcotráfico, pero ha sido muy difícil por la falta de transparencia. En algunos países, como Honduras y Guatemala, los agentes de la DEA están autorizados a andar armados y disparar contra civiles, lo cual es absurdo y representa una violación absoluta de la soberanía nacional y de los derechos humanos internacionales. Además, hemos documentado el sufrimiento que causa la criminalización de la protesta y en particular el impacto sobre las mujeres. Lamentablemente, esta situación choca con el total desinterés mostrado por el Departamento de Estado norteamericano.

OM: ¿Cuáles son los impactos de esta política sobre las mujeres?

LC: Hay índices muy elevados de acoso, tortura y violencia sexual. Las mujeres con frecuencia encabezan la defensa de sus comunidades y la protesta social ante el proceso de militarización y de explotación de los recursos naturales. En el caso de Honduras, esta situación coincide con el aumento de la violencia que se ha originado después del golpe de Estado y que se ha incrementado con el actual régimen de Porfirio Lobo.

También hay que destacar la represión desatada contra los opositores al golpe y el uso de una supuesta lucha contra el narcotráfico para reprimir la oposición política. Y todo esto en medio de una total impunidad. En Honduras, los casos que llegan a sentencia judicial son menos del 2% y las denuncias de corrupción en las instituciones están a la orden del día.

Igualmente en Guatemala, la situación es muy preocupante. Las comunidades, que todavía tienen en su memoria los horrores de la campaña militar genocida de los años 80, están viendo como sus territorios vuelve a ser militarizados y su gente reprimida.

OM: ¿Cómo combatir, entonces, la narcoactividad y el crimen organizado?

LC: No hay una sola respuesta, ni un modelo seguro, pero sí sabemos que la militarización no es la respuesta. Es importante que este otro modelo se construya desde abajo, con la participación ciudadana  y con una perspectiva de seguridad que tenga como primer objetivo la seguridad de la persona, de su vida.

Además, hay que enfocarse en la recuperación del tejido social, que ha sido destruido por las políticas neoliberales. Es necesario recomponerlo con programas sociales que crean empleo, garantizan el desarrollo económico, la salud, la educación, el respeto de los derechos humanos. Hay que volver a empezar a construir una sociedad fuerte, para que pueda resistir las inflitraciones del crimen organizado, el reclutamiento de jóvenes y la extorsión.

Además, hay que forzar la voluntad política para que haya un sistema de justicia al servicio de la población, acabando con la impunidad y la corrupción.