Su candidatura fue presentada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Pit – Cnt, Serpaj y nuestra organización, Crysol. Cuenta con el respaldo de más de 20 organizaciones sociales que públicamente lo han señalado en reconocimiento a su trayectoria en la vida del país.
La
Dra. Mirtha Guianze cumple con todos los requisitos formales
establecidos por la Ley 18 446 que creó la Institución Nacional de DDHH.
Ha tenido un rol destacado en defensa de las disposiciones
constitucionales y promoviendo el accionar de la justicia por las
atrocidades cometidas durante el terrorismo de Estado.
Por
el momento solamente cuenta con el respaldo de la bancada gubernamental
que unánimemente se ha pronunciado a su favor. Ha declarado, además,
que su designación es innegociable.
Hemiplejia y desconocimiento de las normas de DDHH.
Según
trascendidos de prensa, hay parlamentarios que no respaldan su
designación por entender que la Dra. Mirtha Guianze tiene una visión
hemipléjica con respecto a los DDHH. Increíble.
Afirmar
que la Dra. Guianze tiene una visión hemipléjica acerca de los derechos
humanos es inadmisible. Muestra cabalmente que quienes la impugnan con
tales argumentos no tienen la más mínima idea acerca de la temática
involucrada.
Es
una verdadera paradoja que algunos de quienes tienen la facultad de
participar en la designación de los integrantes del órgano que ha de
promover, proteger y defender los DDHH estén demostrando, de una manera
ostensible, su desconocimiento de los principios básicos y esenciales
que los regulan y les dan sentido.
Solo el Estado viola los DDHH
Las
normas de DDHH, desde su lejano antecedente del 12 de agosto de 1789 en
Francia, Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, surgen
para poner freno al descontrol y la arbitrariedad del poder estatal,
para proteger a los ciudadanos frente a él. Los Derechos Humanos
solamente son violentados por los órganos, los agentes o los
funcionarios del Estado. Son los agentes y funcionarios del Estado
quienes vulneran los derechos humanos.
Cuando
se equiparan las conductas de los civiles con las de los funcionarios
del Estado se desconoce que algunos de ellos, los militares y los
policías, cuentan con el privilegio exclusivo de portar armas con la
finalidad, entre otras, de garantizar el pleno goce de las libertades
fundamentales y de los derechos esenciales al resto de la población. En
este campo no existe hemiplejia posible. Lo que existe es
desconocimiento de los principios fundamentales de la temática y una muy
poca identificación con ellos.
Mirtha Guianze y Mariana Mota: piezas del ajedrez nostálgico
El
rechazo a la candidatura de la Dra. Mirtha Guianze es parte del mismo
plan orquestado por los terroristas de Estado contra la Dra. Mariana
Mota.
Por
diferentes medios, criminalizan a dos mujeres que han jugado un papel
decisivo en el esclarecimiento y sanción de las graves violaciones a los
DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado. Se las castiga
personalmente por su conducta y su compromiso con la justicia para
intimidar a los fiscales y a los jueces que han de intervenir en los
procesos en curso.
Al
mismo tiempo se presiona a la Suprema Corte de Justicia para que no
cumpla con la resolución de la Corte Interamericana de DDHH en el caso
Gelman que tiene carácter vinculante para el Estado uruguayo. Pero la
maniobra va mucho más lejos. Apunta a crear las condiciones socio
políticas destinadas a que el máximo órgano declare la
inconstitucionalidad de la Ley 18.831, muy especialmente, en lo referido
a los plazos de prescripción y a la tipificación de los delitos
cometidos. Hacia ese objetivo transitan desde su centro de operaciones
en Domingo Arena. Ya han presentado formalmente un recurso en tal
sentido.
La ley 18.831: un gran avance en la lucha contra la impunidad
Cumpliendo
con lo dispuesto por la Corte IDH en el caso Gelman, el pasado 26 de
octubre, el Parlamento restableció la pretensión punitiva del Estado. Al
mismo tiempo señaló que las graves violaciones a los derechos humanos
cometidas durante el terrorismo de Estado son crímenes de lesa
humanidad. Por lo mismo, imprescriptibles e inamnistiables.
La
eliminación de los obstáculos legales que impedían al Poder Judicial
llevar a cabo sus cometidos constitucionales sin contar con la
autorización expresa del Poder Ejecutivo fue un enorme avance en todos
los planos. El Poder Judicial, que ya en octubre de 2009 había declarado
que la Ley de Caducidad era inconstitucional, recobró plenamente su
independencia en lo referido a los temas del pasado dictatorial.
La
plena independencia de los tres poderes del Estado es uno de los
principios básicos del sistema republicano uruguayo que fue vulnerado
por la Ley de Caducidad en el afán de consagrar la impunidad para los
golpistas y perpretradores de graves violaciones a los derechos humanos.
La
aprobación de la Ley 18. 831 restableció el derecho a la justicia de
las víctimas del terrorismo de Estado. Fue un acto militante por parte
del Parlamento, de reafirmación democrática, de afirmación de las normas
internacionales de DDHH en el camino de evitar que los hechos
repudiados por la inmensa mayoría de los uruguayos vuelvan a ocurrir.
Resolución 60/147 de la ONU: estándar de la calidad democrática.
La
implementación a cabalidad y en profundidad de las directrices de la
Resolución 60/147 de las Naciones Unidas en todos los planos:
restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de
no repetición es el camino a transitar por Uruguay para superar las
heridas y los sufrimientos ocasionados por el terrorismo de Estado.
Las
ex presas y los ex presos políticos seguiremos demandando a todo el
sistema político comprometido con un futuro de paz, de justicia social,
de plena vigencia de las normas constitucionales y democráticas, al
gobierno y a los poderes del Estado la implementación de ellas. Las
directrices de la Resolución 60/147 son el único camino que asegura el
Nunca Más terrorismo de Estado.
En
lo inmediato, llamamos a la defensa de la Dra. Mariana Mota, convocamos
a todos los parlamentarios, a todo el sistema político, a votar a la
Dra. Mirtha Guianze y a constituir a la mayor brevedad la Comisión
Directiva de la INDDHH con integrantes que se hayan caracterizado por su
trayectoria y compromiso con las grandes causas de la vida nacional
junto a las organizaciones de la sociedad civil.
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