jueves, 17 de noviembre de 2011

El cóndor brasilero

Secretos de la dictadura brasileña
Los archivos de la dictadura brasileña ocultan la extensión de su participación en el Plan Cóndor. Los documentos reservados aportan claros indicios de que Brasil fue una parte nada secundaria de la red de secuestros y asesinatos tejida por los generales sudamericanos. Sarney y Collor hicieron crujir a la alianza gobernante.


Desde el inicio de su carrera hacia la presidencia, un año y medio atrás, Dilma Rousseff fue objeto de al menos tres embestidas para disuadirla de echar luz sobre los crímenes de la dictadura.
 José Sarney y Fernando Collor de Mello hicieron crujir la por momentos frágil alianza gobernante, en la que ellos ocupan el ala conservadora, al proponer que se sancione el secreto interno de los documentos del régimen y de otros gobiernos del pasado, exactamente en los antípodas del compromiso de trabajar por la verdad asumido por Dilma en su discurso de toma de posesión el primero de enero pasado.
Saber quién mató y torturó a disidentes de la dictadura es inconveniente pues “abrirá heridas” del pasado, sermoneó con voz tambaleante el octogenario Sarney.




DOCUMENTOS OBTENIDOS POR ESTE DIARIO DERRIBAN EL MITO DE LOS “CASOS AISLADOS”

Nuevas evidencias del Plan Cóndor en Brasil

Un dossier secreto obtenido por Página/12 demuestra el nivel de colaboración que existía entre las dictaduras de Brasil y Argentina, algo que en este país se da por descontado, pero que en Brasil aún genera debate.
Por Darío Pignotti

Desde Brasilia

Cientos de documentos secretos a los que tuvo acceso este diario indican que los lazos que unían a Brasil y Argentina en el Plan Cóndor fueron intensos y continuos por lo menos desde 1975, y con cierta frecuencia antes de ello. La colaboración entre los militares argentinos y brasileños no se limitó al plano operativo. Además de facilitar informaciones o desplegando agentes para dar caza a la resistencia en ambos países, también existió una estrecha colaboración en el plano diplomático. Según muestran los documentos, una parte importante de los diplomáticos brasileños en Sudamérica reportaban al CIEX, una red de inteligencia formada en el Palacio Itamaraty en la segunda mitad de los años ’60 por Manoel Pio, quien llegó a ser secretario general de la Cancillería y a fines de los ’60 se de-sempeñó como embajador en Buenos Aires. Lo sucedió Francisco Azeredo da Silveira, “un hombre que avaló los secuestros de brasileños en Buenos Aires en los ’70”, afirmo Jarbas Silva Marques, el prisionero político que purgó más años en las cárceles de la dictadura brasileña.

En los archivos de la inteligencia brasileña hay informes sobre las actividades del escritor Juan Gelman en Roma y sobre un viaje que al parecer realizó a Madrid “junto a Bidegain, Bonasso M. y otros dirigentes... el 17 de junio de 1978”, reza el despacho incluido en un dossier del Estado Mayor del Ejército de Brasil, caratulado “Movimiento Peronista Montonero en el exterior, Accionar, Contactos, Conexiones con Grupos Terroristas, Antecedentes”. El documento recoge la información que los servicios de inteligencia argentinos les pasaron a sus colegas brasileños. En el dossier del Ejército brasileño también hay detalles sobre las tareas de los exiliados argentinos en México para lograr el exilio del ex presidente Héctor Cámpora, recluido en Buenos Aires, así como datos sobre un encuentro en Beirut, el 21 de junio de 1978, entre “jefes del Ejército Peronista Montoneros (con) los servicios especializados de la resistencia palestina”.

El dossier no contiene grandes revelaciones sobre los Montoneros, pero demuestra el nivel de colaboración que existía entre ambas dictaduras, algo que en la Argentina se da por descontado, pero que en Brasil aún genera debate.

“En Brasil está instalada la idea de que no hubo participación o si la hubo fue secundaria y esto es completamente ajeno a la realidad. Brasil no sólo participó sino que fue una pieza importe dentro del Cóndor”, señala Jair Krischke, titular del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos brasileño, que sigue el rastro del Cóndor verdeamarillo desde hace tres décadas. “En Brasil se conoce poco y se oculta mucho, gracias a que se impidió que la Justicia investigue. Aquí todavía tenemos la Ley de Amnistía, un absurdo... y porque los militares no liberan sus archivos. Yo le diría así: quien inauguró la Operación Cóndor cuando ni siquiera se la llamaba de ese modo fue Brasil. Agentes de inteligencia brasileños secuestraron a militantes brasileños en Argentina al principio de la década del ’70. Luego, cuando el Cóndor es formalizado en Chile, por Contreras y su gente, los militares brasileños siempre tuvieron la cautela de no dejar huellas en esa coordinación, pero estaban.”

“Supe que fui espiado hasta por la Stasi (policía política de Alemania Oriental), pero ignoraba que mi nombre estaba en los archivos de la dictadura brasileña, como usted está informándome ahora”, dice Gelman desde México, al comienzo de la conversación telefónica. Más adelante, luego de conocer otras informaciones ocultas durante décadas en los armarios de Brasilia, Gelman pondera: “En fin, la verdad es que no parece ser tan asombroso que mi nombre figure en los documentos brasileños citados por usted, porque hubo montoneros importantes secuestrados allá, Horacio Campliglia fue uno”. Se refería al guerrillero desaparecido luego de ser capturado en marzo de 1980 por agentes de ambos países en el Aeropuerto del Galeao, Río de Janeiro, para posteriormente ser trasladado a la mazmorra de Campo de Mayo.

Otras comunicaciones reservadas, éstas procedentes de la embajada en Roma, hablan de las actividades desarrolladas por religiosos brasileños ante organismos internacionales de derechos humanos, gestiones que contaban con el aval de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, en el seno de la cual hubo cardenales como Paulo Evaristo Arns, quien acogió refugiados argentinos en San Pablo.

Se observa en los despachos elaborados por diplomáticos y agentes del Cóndor brasileño una preocupación recurrente con los religiosos ligados a la Teología de la Liberación, tanto por las presiones que ésta realizaba en el Vaticano como por el supuesto “financiamiento internacional” que recibían las comunidades eclesiales radicadas en zonas rurales donde actuaba la guerrilla del Partido Comunista de Brasil.

La obsesión sobre los efectos “subversivos” de los curas “tercermundistas” reaparece en una ficha donde está escrito que los “Montoneros son la única organización guerrillera que tienen en su seno, de forma oficial, a sacerdotes con rango de capellanes”.

Más adelante el mismo texto, por momentos borroso, trae informaciones del cura argentino Jorge Adur, quien ostentaba “el grado de capitán del Ejército Montonero... organización que en julio del ’78 envió una notificación al Vaticano sobre su designación”.

El reporte, con sello del Ejército brasileño y presuntamente escrito por los servicios argentinos, está fechado en septiembre de 1978, casi dos años antes de la desaparición de Adur, ocurrida en junio de 1980, poco después de haber sido visto en el estado de Rio Grande do Sul, hasta donde viajó para presentar denuncias ante la comitiva del papa Juan Pablo II.

Un despacho “confidencial”, generado por el Servicio Nacional de Informaciones (SNI) y el Ministerio del Ejército, aborda la presencia “de terroristas del ERP y Montoneros en Brasil”, divaga sobre los motivos de la “infiltración” argentina y ordena a los miembros de las fuerzas armadas y la policía que redoblen esfuerzos para capturarlos.

Y en otro escrito reservado, del 4 de abril del ’78, el SIN, máximo organismo de espionaje subordinado directamente a la presidencia argentina, indica que los Montoneros “volverían a intensificar sus operaciones (en Argentina) durante la realización de la Copa del Mundo, buscando afectar entidades gubernamentales e interferir en las estaciones de radio y televisión”.

El balance provisorio surgido de la lectura de los telegramas e informes reservados obtenidos por Página/12 es que el aparato represivo de los dictadores, particularmente de Ernesto Geisel (gobernó entre 1974 y 1979) y Joao Baptista Figueireido (1979-1985), tipificaba a la guerrilla argentina como una amenaza a la “seguridad nacional” brasileña (tal como consigna textualmente en algunos mensajes).

Algunas de las primeras acciones terroristas binacionales habrían ocurrido en Buenos Aires, en 1970 y 1971, cuando en dos operativos coordinados con Brasil fueron secuestrados, primero, el ex coronel nacionalista Jefferson Cardim y más tarde el guerrillero Edmur Pericles Camargo, hasta hoy desaparecido. Según un telegrama fechado en Buenos Aires en 1971, obtenido por este diario en el Archivo Nacional de Brasilia, la captura de Pericles Camargo fue monitoreada por la embajada brasileña, cuyo titular era Antonio Francisco Azeredo da Silveira.

“En el Archivo del Terror paraguayo estaba guardado un telegrama llegado desde Brasil hablando sobre la coordinación con Argentina y los raptos en 1980. Eso lo descubrió Stella Calloni, autora de un gran trabajo sobre el Cóndor”, apunta el Premio Nobel de la Paz alternativo Martín Almada.

La estrategia de espiar, informar, capturar y eventualmente eliminar extranjeros en Brasil, y connacionales en el exterior, fue aplicada sistemáticamente por el aparto militar-diplomático montado poco después del golpe contra el presidente democrático Joao Goulart, en 1964, sostiene Almada.

“Los brasileños veían a los demás países del cono sur como su patio trasero, y lo querían disciplinado dentro de su plan de guerra al comunismo, y en función de ella secuestraron y asesinaron a disidentes paraguayos a pedido de (Alfredo) Stroessner, que les retribuyó haciendo igual, colaborando en la persecución de brasileños en Paraguay. He visto varios telegramas venidos de Brasil pidiendo la captura de Carlos Maringhela (líder guerrillero). Brasil fue bien disimulado, trabajó con eficacia, sin dejar huellas dentro del Cóndor, se articuló mucho con las dictaduras de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Es lógico que debe haber bastante por descubrir sobre su colaboración con Argentina”, declaró Almada a Página/12. “Nos falta descubrir mucho, espero que esta Comisión de la Verdad lo haga. Creo que hay voluntad de hacerlo, la presidenta Dilma Rousseff mostró coraje impulsándola, los brasileños son responsables de lo que yo llamo Pre Cóndor, y de eso no se sabe casi nada”, señaló Almada.

Ciertamente, el know how de la coordinación represiva no surgió en noviembre de 1975, con la formalización del Cóndor durante la cumbre secreta de las bandas represivas estatales sudamericanas en Santiago, Chile, encabezada por el coronel Manuel Contreras.

LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA QUE LOS MILITARES BRASILEÑOS QUIEREN OCULTAR

Espían a Perón, arreglan con Videla

Documentos de la dictadura brasileña obtenidos por este diario aportan detalles inéditos del archivo que la presidenta Dilma quiere hacer público, pero los militares se resisten.
“El ex presidente Juan Perón estuvo en la mira de los servicios de Inteligencia brasileños, eso es casi un hecho, participé en reuniones con él, se presentía que nos vigilaban, si se abren los archivos de la dictadura, como quiere la presidenta Dilma, habría más pruebas de eso.”
Lo afirma João Vicente Goulart, hijo del ex mandatario Joao Melchior Goulart, Jango, amigo del general argentino por más de dos décadas.
Transcurridos 47 años del derrocamiento de Jango y 38 de sus últimos encuentros con Perón, probablemente espiados por agentes brasileños, “es hora de terminar con este largo silencio, todavía vivimos de espaldas a la historia de los ‘70, debido a las presiones de grupos ligados al terrorismo de Estado”, lamenta João Vicente.
Dilma Rousseff parece compartir esa preocupación y la semana pasada instruyó a sus ministros, en particular a la titular de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, para que persuadan al Congreso de aprobar de inmediato el proyecto sobre la Comisión de la Verdad, contra la que se insubordinaron los jefes de las fuerzas armadas en diciembre de 2009.
“Un día estando en un hotel de Madrid con papá, atiendo el teléfono y alguien me dice: ‘Quiero hablar con Janguito, dígale que soy el general Juan Perón’. Yo no podía creerlo, pero era verdad, Perón estaba del otro lado de la línea para convidar a Jango a charlar en la residencia de Puerta de Hierro, creo que era a principio del ’73”, cuenta Goulart a Página/12.
“En una ocasión se habló de la posibilidad de hacer un acuerdo, mi padre (estanciero) vendería carnes en el marco de un plan trienal que iba a implementar el gobierno peronista, pero eso fracasó por influencias del brujo”, menciona Goulart, aludiendo al mote con que era conocido José López Rega. “Hubo más reuniones con Perón, otra se hizo en Buenos Aires, recuerdo que algunas personas nos decían que los servicios estaban rondando por allí.”
Documentos del régimen brasileño obtenidos por este diario corroboran las sospechas de Goulart. “La conversación (Perón-Goulart) giró en torno de la situación brasileña y sobre las ideas de Juan Perón para la creación de un amplio movimiento latinoamericano de liberación cuyo epicentro se localizaría en Argentina”, dice un despacho de marzo de 1973, rotulado como “secreto” y en cuyo margen izquierdo se lee la sigla CIEX, Centro de Informaciones del Exterior, organismo dependiente de la Cancillería brasileña.
“Era lógico que la dictadura quisiera seguirle los pasos a Perón, él le propuso a mi padre radicarse en Argentina, desde donde iba a tener una plataforma para organizar su regreso a Brasil y forzar la apertura democrática, que los militares querían atrasar”, sostiene Goulart.
No todos los miembros del Servicio Exterior integraban el CIEX, donde sólo se admitía a quienes hacían del anticomunismo una profesión de fe. Su creador fue el diplomático Pio Correa, uno de los primeros embajadores que representaron a la dictadura en Buenos Aires, y a quien algunos investigadores sindican como doble agente, por sus vínculos con la CIA.
Además de buscar exiliados brasileños, algunos de los cuales luego serían secuestrados en Argentina y asesinados en Brasil, el CIEX también habría seguido los pasos de líderes extranjeros antipáticos al proyecto de poder regional de la Revolución Brasileña, implantada el 31 de marzo de 1964.
Perón era tipificado como un “cómplice” de Goulart y del “comunismo-brizolista (Leonel Brizola, dirigente nacionalista y cuñado de Goulart)” según palabras del general y superministro de la dictadura Golbery do Couto e Silva, otro que cargaba con el mote de “brujo”.
Dicen que a Golbery, considerado el intelectual de más brillo del régimen que imperó entre 1964 y 1985, se le erizaba la piel de sólo oír el nombre del fundado del movimiento justicialista.
Algo parecido ocurría con el dictador Ernesto Geisel, quien se refería al argentino como la “Momia” y lo excluyó de su ceremonia de asunción, a comienzos de 1974, donde sí estuvieron el chileno Augusto Pinochet, el boliviano Hugo Banzer y el uruguayo Juan María Bordaberry.
Geisel inició un período de cambios en la política externa conocido como del “pragmatismo responsable”, caracterizado por la apertura de relaciones con países del Tercer Mundo y menor alineamiento con Estados Unidos.
Ese giro no implicaba el fin de la estrategia de contención al comunismo y otra de las marcas de su política externa fue la intensa, a veces contradictoria, relación con el secretario de Estado Henry Kissinger.
Ningún canciller tuvo más sintonía con Kissinger que Francisco Azeredo da Silveira, quien se desempeñó en el cargo durante el quinquenio de Geisel.
Antes de ello Azeredo comandó la embajada en Argentina, “donde fue un pionero del terrorismo de Estado regionalizado porque en 1970 fue el responsable del secuestro en Buenos Aires y traslado ilegal a Brasil del coronel
Jefferson Cardin, un militar nacionalista y brizolista, que fue mi compañero en la cárcel de Río”, dice Jarbas Silva Marques, prisonero político entre 1967 y 1977.
“Jefferson Cardin me dijo en la cárcel de Río que Azeredo da Silveira siendo canciller sabía todo sobre Argentina, seguro que él sabía de ese posible espionaje sobre Perón y mandaba a la Embajada a colaborar con los golpistas.”
“Esta es una historia pesada, estamos hablando del jefe de la diplomacia entre 1974 y 1979. De una política de Estado. Hasta hoy hay gente queriendo esconder esa historia debajo de la alfombra, hay mucha presión, vemos al presidente del Senado José Sarney haciendo lobby a favor de los militares para impedir que Dilma abra los archivos”, aseguró a Página/12 Silva Marques.
Es imposible hacer una reconstrucción acabada de todos los movimientos de la diplomacia brasileña y sus pactos con los sediciosos argentinos, debido a la falta de documentación suficiente.
De la lectura de centenas de papeles en poder de este diario surge que eran frecuentes los contactos, y la afinidad, con quienes perpetrarían el golpe de 1976 y aprobaban la guerra sucia ya lanzada por entonces contra la “subversión”.
El telegrama “secreto” enviado por la Embajada brasileña el 3 de setiembre de 1975 da cuenta de una “larga conversación” con los “comandantes Jorge Videla y Eduardo Massera”, quienes expresaron su interés en “estimular por todos los medios el acercamiento de las Fuerzas Armadas” de ambos países.
En otro mensaje “confidencial”, del 19 de febrero de 1975, se habla sin eufemismos sobre la coordinación represiva.
La nota relata un encuentro oficial de diplomáticos brasileños con el ministro de Defensa argentino Adolfo Savino, cuando se trató con “total franqueza sobre la necesidad de un profundo entendimiento de nuestros países frente a los enemigos comunes de la subversión”.
Durante su diálogo con Página/12, João Goulart hijo y Jarbas Silva Marques lamentan el “atraso” histórico de Brasil frente a la Argentina, Chile y Uruguay, donde “hubo un arreglo de cuentas con la historia y la verdad”, pero estiman que esa situación podrá revertirse.
Ellos, así como varios organismos de derechos humanos, confían en el compromiso con la verdad asumido por Rousseff, víctima de prisión y torturas durante el régimen, así como de la presión internacional, y citan el ejemplo del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado brasileño por desentenderse de los delitos de la dictadura.



Martes 21 de agosto de 2007
Organizaciones de derechos humanos reclamaron al presidente Lula abrir los documentos secretos del terrorismo de Estado

Los archivos de la dictadura de Brasil registran todo lo ocurrido en Uruguay

La dictadura brasileña realizó un meticuloso seguimiento de sus opositores dentro y fuera de fronteras entre 1964 y 1985. Existió intercambio de información entre los servicios secretos uruguayos y una agencia de espionaje desarrollada en Itamaraty. El Centro de Informaciones do Exterior (CIEX) fue creado por el diplomático Manuel Pío Correa, quien se desempeñó como embajador en Montevideo. En algunos archivos secretos divulgados por el periódico Correio Brasilenze se incluyen amplias menciones a dirigentes políticos uruguayos. Brasil también controlaba a sus países vecinos. La apertura de los archivos fue exigida en un seminario organizado por la Cámara de Diputados.
Escrito por: BRASILIA - ROGER RODRIGUEZ  - rogerrodriguez@adinet.com.uy
Los archivos secretos del Estado brasileño contienen información importante sobre lo que ocurría en Uruguay en los tiempos de autoritarismo democrático y durante la dictadura cívico militar de los años sesenta al ochenta, reconocieron a LA REPUBLICA en Brasilia fuentes allegadas a documentos reservados de Itamaraty que fueron revelados por un periódico local.
Un servicio de Inteligencia, instrumentado a través de la política exterior brasileña, no sólo se habría dedicado a poner en práctica un “Plan de Busca Externa” para controlar a los opositores a su dictadura, sino que también habrían registrado las situaciones internas de los países vecinos y particularmente de Uruguay, donde se instalaron cientos de exiliados brasileños. Los meticulosos documentos “top secret” de la dictadura brasileña constituirían toda una crónica de las actividades represivas de la región y en particular de las operaciones del Plan Cóndor, donde Brasil tuvo menor protagonismo, pero de cuyas acciones fue permanentemente informado a través de sus embajadas y de informes de los servicios de Inteligencia vecinos.
La apertura de esos archivos secretos de la dictadura de Brasil fue exigida en la capital federal, Brasilia, por organizaciones de derechos humanos y legisladores que participaron entre el 15 y 17 de agosto del “1er. Seminario Anistiados do Brasil – Anistia e Dereitos Humanos” que se realizó en el Auditorio Nereu Ramos, anexo a la Cámara de Diputados.
En el seminario, donde hablaron el juez federal argentino Claudio Bonadío, impulsor de la nulidad de las leyes de punto final, la abogada chilena Faviola Letelier, hermana del asesinado ex canciller Orlando Letelier, y el activista de derechos humanos gaúcho Jair Krischke, también intervino LA REPUBLICA, que expuso sus investigaciones periodísticas sobre el Plan Cóndor.

Desclasificar los archivos

La desclasificación de los archivos brasileños fue uno de los reclamos que las organizaciones de presos, destituidos y excluidos durante la dictadura hicieron al presidente Lula en una carta donde también piden la reparación a su situación de “amnistiados” a través de una ley posterior al régimen militar que no les reconoció todos sus derechos.
“O Brasil ainda esconde sua história de terror, em benefício de quem? Para acobertar os horrores dos interesses americanos? Ou para esconder os criminosos nacionais?”, dice la declaración suscrita por más de veinte organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que sesionaron en el seminario.
También la subprocuradora general de la República, María Eliane Menezes, admitió en el seminario que la ciudadanía tiene el derecho de saber la verdad, y sostuvo que mientras no se abran los archivos del Estado, en Brasil no habrá un reconocimiento cierto de lo ocurrido durante una dictadura en la que fueron amnistiados civiles y militares por igual.
El hallazgo de archivos secretos también ha generado una fuerte tensión política dentro de los edificios que rodean la Plaza de los Tres Poderes en el corazón de la capital de Brasil, cuyo presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, había ordenado remitir al Archivo General de la Nación toda documentación vinculada con la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1984.
El 31 de diciembre de 2002, horas antes de que Lula asumiera la presidencia, su antecesor Fernando Henrique Cardoso había ampliado por otros 30 años el plazo de reserva de todos los documentos secretos que pudieron realizarse durante la larga dictadura militar que se inició con el derrocamiento de João Goulart a mediados de los sesenta.

Un espía en Montevideo

La aparición de documentos de los años de la dictadura en Brasil también provocaron una fuerte expectativa en las organizaciones de derechos humanos y entre las víctimas de las dictaduras de la región que reabren sus esperanzas de conocer lo ocurrido con cientos de desaparecidos a través de los detallados informes elaborados por la Inteligencia brasileña.
En los años sesenta, desde la sede de la Cancillería de Brasil se instrumentó un sistema de espionaje denominado Centro de Informaciones do Exterior (CIEX), al que todo el cuerpo diplomático brasileño aportaba datos referidos a las actividades de los opositores a su dictadura y los contactos que ellos tenían con organizaciones de izquierda de los otros países.
La investigación periodística realizada por el cronista Claudio Dantas Sequeira del matutino Correio Brasilenze en la capital federal brasileña, explica que este sistema de Inteligencia, que operó entre 1966 y 1985, fue creado por el diplomático Manuel Pío Correa, formado en la Escuela Superior de Guerra, quien luego cumplió funciones de embajador en Uruguay.
En Montevideo, el diplomático Pío Correa hizo el primer ensayo del CIEX que luego extendió a otros países. Actuaba junto a su agregado militar, coronel Camara Senna, en el seguimiento de las actividades de los exiliados Leonel Brizola y João Goulart, para la cual tejieron una red de informantes entre políticos, militares, jueces, policías, empresarios y comerciantes uruguayos.
El sistema de seguimiento e información, que contó con un particular apoyo de la policía en el interior del país, se extendió a toda la zona fronteriza uruguayo-brasileña, desde donde se elaboraron informes que luego eran intercambiados con los servicios de Inteligencia militar del poderoso III Ejército, hoy Región Militar del Sur.

10 años antes del Cóndor

En declaraciones a Correio Brasilenze, el historiador Luiz Alberto Moniz Bandeira recordó que durante su exilio en Uruguay el diplomático Pío Correia fue un precursor de la Operación 30 horas por la que Brasil planificó invadir Uruguay si el Frente Amplio ganaba las elecciones de 1971. Pío Correa habría pretendido implementar la operación ya en 1965.
El trabajo de espionaje del CIEX no se limitó a la acumulación de información para la inteligencia del Estado brasileño, sino que también implicó un sistema de intercambio de información con los “servicios” de los países vecinos, lo que constituyó la implementación de la coordinación represiva diez años antes de que en Chile se instituyera el llamado Plan Cóndor.
A fines de 1975 cuando en Santiago de Chile se formalizó la operación Cóndor en una reunión de servicios de Inteligencia convocada por la DINA trasandina, Brasil ya había desarrollado todo un aparato de seguimiento y represión fuera de fronteras que había denominado “Plan de Busca Externa”, que derivaba sus datos al Servicio Nacional de Informaciones (SNI). En la reunión constitutiva del Plan Cóndor, en representación de Brasil fue invitado el general João Figueiredo, entonces director del SNI, quien terminó por enviar a un representante, dada su desconfianza a la indiscreta forma de actuar de la Inteligencia chilena, que ya había ejecutado en Buenos Aires el asesinato del general Carlos Prats.
Aunque Brasil no aparece como uno de los principales protagonistas de las acciones del Plan Cóndor, toda la información surgida en la red de coordinación con los otros países también le era enviada para su procesamiento y evaluación. “Brasil debe tener el mejor archivo de todos los servicios de Inteligencia de la región”, se indicó en Brasilia a LA REPUBLICA.

“Olhos do Grande Hermano”

Entre los documentos que afectan a Uruguay, se incluye el Informe 334 del 13 de setiembre de 1977, en el que -a pedido de los servicios de Inteligencia uruguayos que solicitaban “poner en práctica el Plan Cóndor”- se da cuenta de las actividades que en Brasil realizaron representantes del ilegalizado gremio de estudiantes uruguayo.
“As autoridades suspeitam que estão sendo reativadas as ações clandestinas da Federação de Estudantes Universitários do Uruguai (FEUU), o ramo representativo do PC uruguaio no meio estudantil”, dice el documento que anota la prisión de los consejeros docentes Alb
erto Castillo Alvarez, Max Cognolli, Hugo Selinko y César Corengia, y del estudiantil Edgardo Rodas.
En el Informe 151/71 el CIEX se enorgullece de haber identificado a subversivos en el Banco do Brasil: “Na agencia havia sido organizada uma célula da esquerda radical (FER ou MLN), descoberta pela polícia uruguaia, quando seus membros realizavam uma reunião clandestina na Escola Pública/171, em Villa García (km. 21 do Camino Maldonado, Montevidéu)”, dice. Como consecuencia de ese operativo, terminaron siendo procesados con prisión los dirigentes bancarios Ary Cabrera Prates, Ruben Julio Vaneiro Roso y Luis Alberto Chemi de Mello, según confirmó a LA REPUBLICA Adriana Cabrera, hija del sindicalista que en abril de 1976 en Buenos Aires terminaría convirtiéndose en víctima de la desaparición forzada.
Uruguay es mencionado en varios de los documentos relativos al seguimiento del dirigente comunista brasileño Carlos Lamarca y del ex diputado de la ALN, Carlos Marighella, de quien se destaca su relacionamiento con el dirigente del Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), Ariel Collazo, a quien acusan de ser nexo de los opositores brasileños con el gobierno de Cuba. *










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