domingo, 21 de febrero de 2010

Justicia verde oliva


BAJO EL FUEGO GRANEADO DE LOS TERRORISTAS VERBALES



Columna de Raúl Sendic, MATE AMARGO (01/02/1989)



“Después de los levantamientos de Rico y de Seineldín quedó en la argentina no un régimen constitucional pleno como ahora se pretende, sino una ‘dualidad de poderes’. Ya en los levantamientos mismos se vió con qué pereza y desidia las supuestas tropas que respondían al Presidente cumplían sus categóricas órdenes de aplastar la rebelión. Ese jefe militar, que vimos en las fotos dirigiéndose a parlamentar con los rebeldes con un cucurucho de helado en la mano, no respondía a Alfonsín sino solamente a lo que es hoy la mayoría en los mandos del Ejército argentino. De esas conversaciones con Sineldín salió un aumento de sueldo para los militares y otras concesiones, todas las cuales fueron ocultadas al pueblo,y no hicieron más que envalentonar a los golpistas y aumentar su prestigio en el Ejército. Al parecer ha escapado a los analistas la adhesión descarada del jefe de La Tablada no al presidente alfonsín sino a Seineldín cuando manifestó algo así como: ‘Sabía que no era gente de Seineldín porque yo soy hombre de Seineldín y me hubiera avisado’. Sería bueno que los que ahora, cuando se ataca a ese cuartel, hablan de un ataque ‘a a democracia argentina’ explicaran como puede haber no ya un jefe de cuartel sino un jefe de tropas en un país democrático que se declare adicto a un jefe que está preso por intentar un golpe contra ese gobierno y esa democracia.

Precisamente, esas declaraciones del jefe de Latablada, así como elevidente y previsible avance de los jefes golpistasa partir de que consiguieron un aumento para todas las fuerzas Armadas con el simple expediente de insubordinarse, corroboran en parte las denuncias formuladas por Jorge Baños de que etsab gestando un golpe militar con muchas posibilidades de éxito que incluía, entre otras cosas, un genocidio de los militantes de izquierda (por lo menos de esto no digan que es ‘delirante’ porque ya sucedió y ha quedado impune).

Abriéndose paso hacia los hechos...

...en medio de una tupida trama de mentiras. Si alguien está perdiendo una batalla en estos episodios, es la credibilidad en los grandes medios de difusión. Tuvimos las noticias, completamente fabricadas para causar efectos en la opinión pública, de que había varios extranjeros entre los que coparon el cuartel, con determinación exacta de número y nacionalidades. Esto fue desmentido por los que investigan el caso y...nadie se hizo responsable por haber confundido al pueblo. Después se lanza que al segundo jefe del Cuartel le cortaron la lengua y los testículos (cosa que no corroboran sus propios subordinados presentes) y que el grupo atacante había sido adiestrado por Sendero Luminoso a cambio del pago de 100.000 dólares. Esto no parece compaginar con otra versión de la misma prensa, según la cual varios de los identificados pelearon en Nicaragua y antes en la Argentina, con lo que parece podrían adiestrar a varios movimientos guerrilleros, incluso cobrando más...La técnica, bien estudiada además, con lo que se planean estas campañas, es: mientras la opinión pública está atenta a los acontecimientos, asustarla con una serie de infundios, después se aclararán pero no importa, porque ya la opinión pública está en otra cosa.

Dejando de lado estas informaciones de una nescrupulosidad que raya en lo delictivo, que hay otra práctica que ha contribuído a desorientar la opinión pública: ya que las cosas salieron mal, arrojar sospechas de que los combatientes eran manejados por servbicios de contrainteligencia o estaban infiltrados, etcétera. Caomo decía Kennedy después del fracasado ataque de Bahía Cochinos: ‘La victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana’.

Es lamentable que la gente que hoy aprueba sin reservas un ataque fracasado al Cuartel de Moncada en Cuba, que en lo inmediato fortaleció a Batista, o una también desgraciada rebelión de los adolescentes en Nicaragua, cuando las cosas pasan cerca de ellos lanzan irresponsablemente sospechas que enlodan el sacrificio de unos combatientes que ya no pueden contestar. Ni que hablar de los que sacan titulares y editoriales ‘demenciales’ para usar una de sus expresiones preferidas (ya se sabe que con ustedes no pasa nada muchachos, no se gasten).

También tuvimos los consabidos ‘repudios’ de la clase política, parte de la cual tiene miedo de perder el protagonismo en favor de los guerrilleros,como sucedió en el pasado, y parecen implorar:‘No, nos hagan eso, estábamos conviviendo tan bien con esta mascarada de gobierno civil y ahora vienen ustedes a patear el tablero’.

Los hechos que hemos podido rescatar en medio de tantos infundios son: un grupo de combatientes, algunos de conocida trayectoria anterior y que militarían en el Movimiento Todos por la Patria, aunque no involucran a todo este Movimiento, hicieron una valoración de las amenazas de golpe militar que mencionábamos. Como la información que tenía, e hicieron pública a través de Jorge Baños, incluía un exterminio físico de la izquierda entre otras cosas, resolvieron adelantarse a los acontecimientos. Aunque aquí también la historia nos puede desmentir, es muy probable que se hayan equivocado en la valoración política de la acción. Pero éste no es el centro de nuestro análisis.

La parte del operativo que culminó con la toma del Cuaartel es impresionante (desde luego no para los que están acostumbrados a hacerlas todos los días): era una base supuestamente inexpugnable de los ‘carapintadas’ y entraron en ella y en un cuartel vecino exitosamente. Una resistencia organizada por el segundo jefe del Cuartel fue dominada y tomaron prisioneros a los soldados, como antes habían tomado a los conscriptos. Pusieron en libertad, luego de quitarles el uniforme y las armas, a todos los prisioneros menos nueve que quedaron como rehenes. La Policía, que había sido llamada por el segundo jefe antes de iniciar su resistencia, rodeó el Cuartel y al parecer se abrió paso un contingente de unos diez que lograron escapar, mientras los otros confiaban en un canje, o por lo menos en un ‘cese el fuego’ para salvar a los rehenes. La furia de otros ‘carapintadas’, de otros cuarteles, pudo más que la solidaridad con sus propios compañeros rehenes , y tiraron a mansalva sobre los techos hasta que, tal vez, se pactó un canje de los rehenes por la salida con vida de catorce guerrilleros.

Esto es lo medular rescatable hasta ahora; también parece que hubo fracotiradores suicidas y otros hechos que tla vez se sepan con el tiempo. Pero esto basta para descartar la hipótesis de la infiltración, porque para el Ejército argentino fue un golpe grande que alguien demostrara que una milicia popular puede tomar un cuartel y hubiera aumentado en mucho el número de bajas (que con todo fueron un decena). La verdad que habría que reconocer es que los servicios de contrainteligencia son generosos en ofrecer oportunidades, si fueran ciertas las sospechas que se sembraron en estos días para desprestigiar la acción.

Un primer balance precario.

Hay que esperar un tiempo para ver cómo repercute esta acción en el pueblo argentino o si no tiene repercusión incluso. Lo que ahora tenemos es sólo la repercusión sobre la clase política, dada en medio de una histeria informativa. Los terroristas de la palabra no escatimaron epítetos: “delincuentes”, “ratas” se hicieron términos comunes en esos días en los medios de difusión, y por cierto lograron su objetivo de sembrar terror aún a costa de la honestidad en la información.

Buscando algunas consecuencias que tempranamente se pueden sacar de estos acontecimientos lanzados abruptamente sobre la frácil estabilidad política argentina, podríamos anotar:

1)Alfonsín aprovechó la oportunidad para subirse a un carro que le permite por un tiempo aparecer como efectivamente dirigiendo a las FFAA: ‘Esta es mi pelea y la llevaré hasta el final’, dijo en un discurso. Un frente Alfonsín-FFAA, aunque sea precario, no favorece a los golpistas.

2)Tampoco estos quedaron bien parados en la correlación de fuerzas dentro del ejército; les tomaron una de sus bases principales y si no es por la Policía y otras tropas, la operación hubiera tenido éxito (otra vez, como en Las Malvinas, están cuestionados y desprestigiados ante el pueblo también en su capacidad militar).

3)Da una buena excusa para una represión, hasta ahora controlada por el Poder Judicial, sobre las organizaciones de izquierda.

4)Tal vez, antes los sectores más marginados, haya una pérdida de protagonismo de la clase política a favor de los grupos de acción directa de izquierda y de derecha.





¿CUANTOS DE USTEDES CONDENARON EL ASESINATO DE PRISIONEROS?



Columna de Raúl Sendic en MATE AMARGO (15/02/1989)



“En estos días –tanto por la televisión como en la prensa escrita- se han publicado imágenes mostrando cómo después que los guerrilleros que ocuparon La Tablada, se entregaron y eran conducidos con las manos en alto, fueron ametrallados cobardemente por los uniformados”.“Estos crímenes de guerra se habían cometido por millares en la Argentina, pero esta vez se hizo a la vista del pueblo (con la ayuda de los que manejan los medios de prensa que crearon la histeria necesaria para que lo asimilara), a la vista de los políticos y a la vista de los periodistas. Y ¿cuántos de éstos insinuaron una crítica o un discurso condenatorio?.

Si hubiera sucedido en remotas regiones del mundo, seguramente hubiera dado lugar a una condena. Que los que se entregaron con las manos en alto, después de resistir durante treinta horas en un combate desigual, sean asesinados en esa forma tan cobarde, no sólo está reñido con las leyes de la guerra, sino también con la moral militar y con la moral a secas.

Sabemos que a medida que los hechos se vayan decantando, va a aparecer el verdadero rostro de las fuerzas armadas argentinas frente al pueblo de ese país. Aquellas que hicieron lo mismo con cientos que eran combatientes, pero además, con miles que eran simples militantes gremiales y políticos, sólo que esa primera vez lo hicieron en sus carnicerías clandestinas.Después que pasó la histeria vino la historia que las condenó, por lo menos en el corazón de los pueblos (y ahí están las firmas del 25 por ciento de los uruguayos, para los que fueron desde acá a participar del cobarde festín de sangre, sean condenados también por los tribunales).

Estas fuerzas armadas argentinas, que después de matar a 30.000 prisioneros en sus mazmorras, demostraron que cuando se tenían que enfrentar a un enemigo armado, en un campo de batalla como el de Las Malvinas, carecían del más elemental espíritu de combate y se entregaron vergonzosamente (aunque si le hacemos caso a esa prensa complaciente, ahora todos sus integrantes son ‘héroes de Las Malvinas’). Y que ahora se levantan contra su gobierno cada pocos meses y hacen enfrentamientos de opereta entre ellas, demostrando una vez más que son incapaces de enfrentar a un enemigo en igualdad de condiciones.

Hasta que se ven en una superioridad numérica aplastante y recuperan el valor. Pero aún así, no para pelear como soldados, sino para violar las leyes de la guerra, de las que ellas mismas se beneficiaron antes: cuando cayeron prisioneras y fueron devueltas con vida; cuando cayeron prisioneras por decenas en la misma Tablada y fueron devueltas con vida.

Que los que vieron y ocultaron el asesinato de prisioneros en La Tablada no nos vengan a decir que nunca participaron de la violencia. Ellos tendieron la cortina de humo de su terrorismo verbal sobre los prisioneros para justificar ante el pueblo, esos asesinatos. Ellos colaboraron y encubrieron la violencia en su forma más cobarde”.

Justicia verde oliva

Por Franco Mizrahi
(revista veintitres)

En el mundillo judicial, la Justicia Federal de San Martín es conocida por no fallar justamente en sintonía con los derechos humanos. Quienes frecuentan sus pasillos saben que la influencia de Campo de Mayo, comprendida en su jurisdicción, ha jugado un papel relevante en la conformación del tribunal durante los años de plomo. A pesar de los 27 años de democracia todavía se ven sus huellas: se utilizan camiones del Ejército para realizar mudanzas del ámbito tribunalicio, como el flete que realizó un vehículo militar para el Tribunal Oral Federal 4, en el año 2007.

En esta sintonía, no sorprende que los exámenes para ingresar a la justicia “sanmartiniana” se realizaran en el Liceo Militar. Menos aún que una resolución de los primeros días de febrero de este año haya revocado lo establecido en primera instancia por el juez Germán Castelli, al considerar que los fusilamientos de La Tablada no fueron crímenes de lesa humanidad.

El 23 de enero de 1989, un grupo de militantes del Movimientos Todos por la Patria (MTP) intentó copar el Regimiento de Infantería Mecanizada Número III, en la Tablada. La represión militar y policial consecuente dejó un saldo de 28 civiles muertos y otros 3 desaparecidos, junto a 11 abatidos en las fuerzas de seguridad.

A pesar de la envergadura de la masacre, la causa tuvo un largo derrotero. La última etapa judicial se abrió el 10 de noviembre de 2009 con la sentencia del juez Castelli, que respaldó su decisión en un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El magistrado determinó que los fusilamientos de los sublevados se realizaron “en representación del Estado argentino y contrariando las directivas del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”. Todo parecía encaminado pero surgió un nuevo obstáculo.Luego de la apelación de los acusados, la causa recayó en la Cámara Federal de San Martín y tuvo un giro de 180 grados: “No se advierte de lo actuado que confluyan en el sub examen los elementos objetivos y subjetivos que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad. (…) Se trató de un acto aislado, espontáneamente emprendido y no planificado con anterioridad, en respuesta a la inesperada agresión ilegítima a la que fueron objeto tanto la instalación del Ejército Argentino como sus efectivos”.

Según una máxima judicial, los jueces hablan por sus fallos. Y si se leen algunas de las sentencias que han venido firmando Jorge Barral, Hugo Fossati y Alberto Criscuolo –los tres magistrados que conformaron la “sala de feria” que analizó el caso–, lo establecido por la Cámara respecto a la masacre de La Tablada, era previsible:- El fallo del 22 de noviembre de 2004, que lleva la firma de Fossati, Barral y Lugones, habla por sí solo: declara la inconstitucionalidad de la ley 25.779, mediante la cual el Congreso consideró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Para los camaristas de San Martín, el Congreso se arrogó facultades que no le correspondían. Fue la primera vez que un tribunal se pronunció en ese sentido y habilitó la excarcelación a tres militares retirados, entre ellos, el coronel Raúl Harsich, presunto responsable de la desaparición, tortura y muerte de un menor de 15 años según la Conadep.

Fue la Corte, en 2005, la que resolvió el conflicto declarando inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hecho que permitió reencauzar los juicios a los genocidas.- En la misma línea, el año pasado Fossati y Barral dejaron en libertad al represor Eduardo Alfonso, ex secretario general del Ejército, imputado como autor material del asesinato de Antonio García y el secuestro de Beatriz Recchia –aun permanece desaparecida–, quien dio a luz en cautiverio a una niña que fue apropiada y recién recuperó su identidad en enero del año pasado.

Si bien está documentada la participación de Alfonso en el operativo –de hecho fue premiado por el Ejército el 6 de julio de 1977 con la medalla “herido en combate” por los disparos que recibió en esa acción– para los jueces “no puede afirmarse fehacientemente que conociera la finalidad del grupo operativo”. Por este fallo, Juliana, la otra hija de la pareja, dio una conferencia de prensa en la que fue contundente: “Hoy la impunidad tiene el nombre de Barral y Fossati. ¿Estos jueces creen que Alfonso fue a mi casa a leerme un cuentito? Que me expliquen por qué dejan libre a quien mató a mi papá”.

Hace dos años, en otro de sus fallos controvertidos, la Cámara, esta vez a través de Criscuolo y Horacio Prack (fiscal durante la última dictadura), puso en duda el asesinato del represor de la ESMA, Héctor Febres, y dictó una resolución que dejó libres a los prefectos acusados.

Esta decisión puso en alerta a los organismos de derechos humanos. El abogado Luis Bonomi, uno de los querellantes en la causa, alertó: “Esto es una barbaridad. Es peor que dejarlos en libertad: ponen en duda el homicidio”.

La razón del accionar de estos magistrados quizás puede encontrarse en su derrotero judicial: al menos dos de ellos ocuparon cargos de carrera relevantes durante la última dictadura militar. Barral conoció de cerca cómo actuaba la máxima autoridad judicial del país en épocas dictatoriales: ingresó como auxiliar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ’66 (con la autoproclamada Revolución Argentina que ungió a Juan Carlos Onganía como presidente de facto) e hizo carrera hasta que en 1982 lo nombraron secretario letrado del ministro de la Corte, Elías Guastavino. Alberto Criscuolo se desempeñó como secretario en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia, Letra T, de 1976 a 1987.

En 1991, con el advenimiento del menemismo, ocupó el Juzgado en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón. Con este nuevo fallo que se suma al legajo de estos tres magistrados, lo sucedido el 23 de enero de 1989 prescribió y quedaría impune. Salvo que la Corte Suprema disponga lo contrario, la Justicia seguirá en deuda


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